Temor entre inversores y propietarios
El Parlament de Cataluña aprobó el pasado 5 de Febrero el Decreto Catalán 17/2019, de 23 de Noviembre. Este nuevo decreto plantea dar solución a los colectivos sociales mas vulnerables al acceso de viviendas de alquiler mediante la promoción de viviendas protegidas y de la oferta general de viviendas de alquiler.
Uno de los puntos más característicos del Decreto Ley es que los grandes tenedores (más de 15 viviendas) deberán ofrecer alquileres sociales a aquellos okupas sin título legítimo que puedan justificar su ocupación con fecha anterior a 30 de Junio de 2019. De esta forma no solo no se les persigue sino que les gratifica con esta imposición a los propietarios privados. Los contratos de alquiler tendrán una duración de tres, cinco y siete años, despendiendo si el arrendador es persona física o jurídica. La inexistencia de una salida a futuro para okupas brilla por su ausencia, enquistando, aún más, una situación injusta para propietarios y okupantes que vino de forma temporal pero desde las administraciones públicas han dotado de herramientas para quedarse.
Uno de los principales pilares del estado de derecho es la propiedad privada y debe ser el estado quien ponga a disposición de colectivos de especial necesidad las viviendas de protección oficial necesarias para cubrir la demanda y no intentar cubrir la inoperancia política mermando los derechos de la propiedad de todos los ciudadanos y penalizando con este tipo de medidas.
Dentro de las medidas intrusivas se plantea la expropiación de aquellas viviendas que estén desocupadas de forma permanente y no procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago. No solo contempla el uso temporal sino también la reducción en un 50% del valor el derecho de la propiedad a favor de la Administración expropiante. En opinión de muchos expertos, esta medida es inconstitucional y no se descarta que se plantee un recurso.
Otro de los puntos que atemorizan a los promotores catalanes es que el Decreto Ley contempla, hasta el momento, la obligación de reservar para VPO el 30% de techo de uso residencial y lo fija en un 50% para promociones en municipios de fuerte demanda acreditada. También se incrementa en un 10%, situando en una 40% de estas reservas que sean en régimen de alquiler.
Inversores y promotores han reaccionado con gran revuelo y preocupación ante esta norma. Es difícil de entender desde la inversión y propiedad privada que el Decreto Ley contemple adoptar medidas para la solución de viviendas para personas en situación de exclusión residencial, trasladando el coste y los esfuerzos al sector privado y no resolviéndolo desde los recursos y entidades públicas.
El Decreto Ley pretende ser el trampolín a okupantes para regularizar una situación política que no han resuelto hasta el momento y que carece de resultados a corto plazo por no contemplar la situación de forma global y si centrándose en un colectivo, una vez más, que resurge al margen de leyes y normas ya establecidas incumpliendo medidas y obligaciones básicas de convivencias sociales.
